Rocío Fernández y temas de alquileres

Tal como adelantáramos en ediciones anteriores, la Dra. Rocío Fernández, en su carácter de presidenta del Consorcio de Defensores del Pueblo Municipales de la Provincia de Buenos Aires y secretaria General de ADPRA, participó en representación de las defensorías del pueblo del país en una videoconferencia donde se trataron las suspensiones de desalojos, prórrogas de contratos de alquiler y los congelamientos de precios de alquileres, según un Decreto presidencial.

En diálogo con la funcionaria, explicó para este matutino: “En uno de los primeros DNU del presidente Fernández, que fue a fines de marzo, se trataron temas en materia de alquileres, desalojos y situaciones generales de vivienda. Para el cumplimiento de esta disposición ADPRA lo que de alguna manera busca, ante las autoridades nacionales, de este gobierno y de los anteriores, es poder llevar una visión federal de las conflictivas que se van presentando”.

Lo escrito y pensado no tiene una visión integral. Creemos que fue una medida muy buena y muy rápida la que fue tomada, pero hay que modificarla. La realidad es que muchas de nuestras “situaciones de alquileres” son muy precarias, porque los contratos formales no existen. En el conurbano bonaerense es muy común la construcción de una pieza o cuartos, que parecen departamentos, y que se alquilan de palabra, y los desalojos también son de palabra. “Te vas o te vas”, dicen, y esto genera una situación ultraviolenta y es la que creemos que no está contemplada”.

En medio de la pandemia y el aislamiento obligatorio, son muchos los vecinos que no saben claramente cuáles son sus opciones y cuál es el correcto accionar a seguir.

“Aun en los contratos formales no se da una información clara y precisa. Los contratos, según el DNU 320, están todos prorrogados hasta el 31 de septiembre. Eso significa que aquellos que vencieron, es como si no hubieran vencido. No se pueden exigir nuevas fianzas ni nuevos fiadores, está todo extendido. No puede haber desalojo bajo ningún concepto, no puede haber aumento de precio bajo ningún concepto. Obviamente esta situación va a generar que haya gente que no va a poder pagar el alquiler porque perdió el trabajo, o no tiene ingresos, pero no puede ser desalojada. A partir del 1° de octubre se analizará qué va a pasar con todas estas situaciones. Obviamente la deuda va a existir porque el contrato existe, pero se buscará una manera de refinanciarla, o de reestructurarla.

A este matutino llegaron varios casos de inquilinos a los que se les advirtió que el valor del alquiler había aumentado, pero ellos no tenían en este momento ingresos que pudieran hacer frente a este incremento. Los propietarios, en complicidad con las inmobiliarias, se negaron a aceptar el monto habitual y siguieron exigiendo la suma con el aumento impuesto.

Preguntada la defensora del Pueblo de Escobar sobre si los inquilinos podían depositar el monto habitual en un banco para no atrasarse con los pagos, la Dra. Roció Fernández explicó: “Ahí está el gran problema, porque tenemos a un Poder Judicial trabajando a medias, no plenamente. En otras circunstancias, les diría a los inquilinos que hay mecanismos judiciales. Pero qué cuenta van a abrir si no puede acceder a la Justicia”.

Fernández fue clara al señalar: “El mayor problema que tenemos hoy en día, con este DNU, es la autoridad de aplicación. Detectamos estas situaciones, de buenos oficios intentamos que recapaciten y se adecuen a derecho. Si yo tomo conocimiento de una inmobiliaria que esté aceptando el desalojo o el aumento en el alquiler puedo hablar con su titular y explicarle que lo que está planteando está fuera del DNU presidencial. Ahora, ¿yo soy autoridad de aplicación? No. El municipio tampoco. El INADI, al que están llegando muchos casos al respecto, tampoco. Por ello le estamos pidiendo al Estado nacional que haga una modificación para que determine la autoridad de aplicación” señaló la funcionaria.

Por último, la defensora también contempló la situación de los locadores. “No se trata de que el DNU sea sancionatorio, porque nosotros entendemos que hay una cuestión de vulneración de derecho, que se altera el principio esencial del contrato, porque también están los propietarios que necesitan ese ingreso y para ello llevaron adelante un alquiler, pero cuando estamos ante una situación de pandemia, y una situación de emergencia nacional, de ahí los DNU avalados por el Congreso, hay cierta limitación y cierto conculcamiento a los derechos mismos y a los contratos, porque se debe proteger al más débil de la relación. Y hoy, lamentablemente, el más débil es el que no tiene acceso al crédito para la compra de una vivienda, entonces tiene que alquilar”.  

Roció Fernández, además, formará parte del Plan Nacional del Uso del Suelo, que es otra de las cuestiones esenciales a trabajar dentro del marco de hábitat. “El Estado nacional tiene una deuda habitacional muy grande con la población. Lo primero que pedí en la reunión fue la finalización de las obras que están pendientes, tal es el caso del Plan de Viviendas de Maquinista Savio. Eso está parado desde finales del 2015. Y no es una obra faraónica que hay que empezar de cero, es una obra que hay que terminar. No tengo dudas de que el estado municipal va a poner de sí lo que sea necesario para finalizarlo, pero conjuntamente con el Estado Nacional y Provincial hay que empezar a encontrar resultados legales a las crisis habitacionales”.