Continúan las quejas por las abultadas cuotas de los colegios privados

En los últimos tres meses una importante cantidad de padres denunciaron un significativo aumento en la cuota de los colegios privados del distrito y aseguraron no estar en condiciones de hacer un gasto que no tenían previsto, menos en una situación económica crítica como consecuencia de los alcances del aislamiento social obligatorio por la pandemia del Covid-19.

Consultada una vez más la Defensora del Pueblo de Escobar, Dra. Rocío Fernández, señaló: “Los reclamos por el tema, en realidad, comenzaron antes de esta pandemia. Los posicionamientos empezaron antes y tienen que ver, mayormente, con los colegios bajo la órbita del Arzobispado. Nosotros venimos advirtiendo esta situación, e incluso desde el mes de enero, mucho antes del comienzo de clases. Durante los últimos años, 2017 y 2018, operó una quita importante por parte de la Provincia de Buenos Aires de la subvención que muchas de estas escuelas tenían. Es decir que estaban cubiertas a los niveles en un cien por cien. Esto implicaba que la cuota, lógicamente, era baja, porque al tener la cobertura total del pago de los docentes, lo que se les cobraba a los padres era otro tipo de gasto de materias extracurriculares y materiales didácticos, o materiales de sostenimiento del edificio”

Fernández explicó que, al llevarse a cabo la quita o disminución en la subvención por parte de la provincia, las escuelas aceptaron la quita, pero solicitaron el aumento y la Provincia se los otorgó.

Esta situación se dio tanto en el colegio Santa María, de donde proviene la mayor cantidad de reclamos que llegaron a este matutino, como en otros establecimientos educativos privados de la zona. 

“En realidad esa quita lo que les habilita es a tener un margen determinado de aumento, que tiene que ver con el monto de subvención. Es un cálculo. En concreto, si la subvención es del 60% el máximo calculable de cuota base es alrededor de algo más de 5.000 pesos. Sobre esa cuota base se calculan todos los demás gastos (de mantenimiento, materias extracurriculares…). En muchas de las cuestiones hemos podido incidir, porque el órgano de control es DIGEP, donde se le han hecho recomendaciones y se ha hecho inspecciones a las escuelas indicándoles algunas cuestiones, porque las primeras lecturas de las facturas ni siquiera se entendían. No tenían una buena descripción y se les pidió ver si los módulos de materias extracurriculares que estaban facturando se les había autorizado a hacerlos. También que hicieran una descripción clara para que pudiéramos sacar lógicamente la cuenta y ver si lo que estaban facturando como monto final era lo que tenían autorizado.”

En esta evaluación que las Defensorías del Pueblo realizaron se buscó determinar si las escuelas están cobrando por fuera de lo que tienen autorizado por la Provincia, y si se le informó a la comunidad educativa un monto determinado y con posterioridad otro. “En ese sentido hay dos cuestiones. Una es decir que sí, que es lo que tienen autorizado. No es que están cobrando por fuera de lo que tienen autorizado, y lo segundo es que, si también se le informó a gran parte de la comunidad educativa un monto determinado y con posterioridad, y esto yo lo he podido verificar, se hizo una presentación en el mes de noviembre, de lo que se denomina el Formulario N° 1, donde ya se sabía que el monto en realidad no iba a ser de 7.000 pesos, aproximadamente, sino de casi 10.000 pesos.  Pero la familia no se enteró hasta marzo.”

Queda en claro, por lo tanto, que las escuelas o colegios privados realizaron correctamente las presentaciones en el mes de noviembre del año pasado y fueron autorizados los aumentos por la Provincia de Buenos Aires.

“Lo que yo creo es que cometió una falta grave en términos de la debida información, del derecho del consumidor a la previsibilidad. Porque si los padres hubieran sabido que, en realidad, la cuota no iba a ser la que habían informado en el mes de octubre, sino que iba a ser la que determinaron en noviembre y nadie les informó, quizás hubieran buscado vacante en el sistema público, o no se hubieran ido de vacaciones, o hubieran tenido en cuenta otras cuestiones”- culminó Fernández.    

La situación de las familias se agrava toda vez que han expuesto la imposibilidad de hacer frente a este aumentado gasto, que no tenían previsto, y con el agravante de que no hay matricula suficiente en el sistema público para albergar a los alumnos cuyas familias decidieran retirarlos de estas escuelas privadas.