Roció Fernández: “En este momento no tenemos un órgano de control”

El Gobierno Nacional traspasó la jurisdicción de Edenor y Edesur a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires. Se llegó a un acuerdo con las distribuidoras de electricidad para saldar las deudas cruzadas entre el Estado y las compañías.

Según informó el Ministerio de Hacienda, el acuerdo finalmente no tendrá costos para el Estado Nacional. A su vez, Edenor y Edesur deberán realizar obras para mejorar el servicio por $7.000 millones.

Consultada la Defensora del Pueblo de Escobar por este matutino sobre los posibles perjuicios de esta medida para los usuarios bonaerenses, dijo: “Es una situación preocupante para los usuarios de la Provincia, ya que no tenemos en este momento un órgano de control. Edenor queda sin que lo controlen porque el ENRE plantea que al haberse generado este traspaso, ya no tiene competencia. El ente regulador queda  sobre el control de la generación y el transporte de energía pero lo que se refiere a las empresas de distribución, técnicamente, están sin órgano de control.”

La Dra. Rocío Fernández explicó que debería crearse un órgano bijurisdiccional  entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el área metropolitana. En cuanto a los bonaerenses el servicio en este momento no tiene control ni del ENRE ni del OCEBA. “Es necesario que la Legislatura de la Provincia y de la Ciudad Autónoma, por ley, creen este nuevo ente.  Que incluso están viendo dónde emplazarlo físicamente y cómo dotarlo de recursos humanos, que lógicamente también se está evaluando el traspaso del personal del ENRE”.

La Defensora recordó que estos entes son autárquicos  y por ello en las audiencias las Defensorías están planteando la disolución de los mismos: “Porque trabajan en una connivencia con las grandes empresas y esto es una política de Estado”.

Si bien la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires acordaron la creación de un nuevo organismo de control que será denominado Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE), que designará sus autoridades una vez que el traspaso esté refrendado en ambas jurisdicciones, la funcionaria resaltó que la actual decisión del Gobierno Nacional además genera que “hoy nadie puede pedir la Tarifa Social porque no hay ante quién pedirla”.

“Lo más preocupante es la falta de visibilidad de este tema, porque no se da a conocer, ni se informa. Los Defensores estamos al tanto de esta situación y consecuentemente estamos en dos líneas de acción. Una pidiéndole a nuestra provincia, ya que en virtud del pacto fiscal ha tomado la competencia de las prestatarias más importantes de luz del conurbano y la región, que ponga en funcionamiento el sistema y por el otro lado, planteándole al ENRE que los usuarios no podemos quedar en un limbo hasta que esta gente decida ordenarse. Lo más preocupante es que se toma una decisión de estas características sin prever un problema de legalidad” – concluyó Fernández.

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